Desalojar campamentos sin desproteger a la infancia: el dilema que el Estado no puede seguir postergando
Rosario Palacios advierte que los procesos de desalojo de campamentos no pueden reducirse a la recuperación de un terreno, porque en ellos habita un número significativo de niños, niñas y adolescentes cuya continuidad escolar, acceso a salud y vínculos comunitarios quedan en riesgo inmediato. La investigadora sostiene que los planes de desalojo no pueden limitarse a desocupar un terreno, y que deben incorporar, desde el diseño, mecanismos que resguarden derechos básicos de la niñez.
La columna plantea una tensión de fondo: los campamentos concentran condiciones de vida precarias y mayor exposición a entornos de riesgo, pero al mismo tiempo facilitan a las familias el acceso a matrícula escolar y servicios sociales cercanos. Por ello, Palacios llama a coordinar a los municipios, la autoridad de vivienda, salud y las Oficinas Locales de la Niñez en torno a comités técnicos y soluciones de vivienda transitoria, de modo que el desalojo no se traduzca en una nueva vulneración para los menores involucrados.
