La modernización del sistema de planificación territorial abre una oportunidad clave para construir ciudades más habitables, eficientes y equitativas.
El inicio de este 2026 trajo una importante noticia para el desarrollo urbano del país: la aprobación de la ley que moderniza el sistema de planificación territorial.
Esta normativa otorga al Estado la última palabra para decidir sobre la densidad residencial en las zonas cercanas a infraestructura de transporte público, como el Metro en Santiago y la red ferroviaria en regiones. Bajo este marco, se podrán exigir densidades residenciales mínimas en los planes reguladores comunales, los que deberán someterse a revisión cada dos años.
La ley también permite designar áreas estratégicas para proyectos de viviendas de interés social y espacios públicos. Por supuesto, establece condiciones claras para respetar la esencia de los planes reguladores comunales que han sido aprobados por los residentes. La incorporación de instrumentos de gestión urbana, como planes maestros de regeneración y planes seccionales de remodelación, busca lograr ciudades densas que maximicen sus inversiones públicas y, a la vez, sean espacios de bienestar.
La ley abre espacios para modificar los planes reguladores comunales, al mismo tiempo que entrega oportunidades a los gobiernos locales para gestionar suelo urbano, coordinar inversión y aprovechar la infraestructura existente.
Las expectativas respecto al impacto de esta legislación son muchas y también lo son las preguntas que se abren en los actuales residentes. El plan regulador comunal, por buenas razones, requiere de la aprobación ciudadana y el criterio de las autoridades públicas para liderar los procesos de actualización del plan regulador comunal será decisivo para evitar conflictos. El gobierno electo apuesta por la reactivación del sector inmobiliario como motor del crecimiento económico y las disposiciones aprobadas vienen a pavimentar esa línea de trabajo.
La nueva normativa introduce mecanismos más ágiles y proporcionales para modificar normas urbanas y reduce plazos de revisión, lo que contribuye a enfrentar el problema de la llamada permisología.
Al mismo tiempo, afirma que no se reducirán los estándares técnicos ni la participación ciudadana, aspecto central para no debilitar avances impulsados por la Política Nacional de Desarrollo Urbano.
Las nuevas regulaciones, aunque claras y precisas, requieren ser aplicadas conforme al espíritu con que fueron concebidas. La idea es anticipar conflictos, entregar certezas tanto a desarrolladores como a residentes, mitigar los efectos del cambio climático, y potenciar proyectos de interés público que mejoren la calidad de vida de los habitantes. Para ello, la sensatez, el sentido común y el respeto ciudadano serán fundamentales para que esta ley largamente esperada contribuya a que las ciudades de Chile sean más habitables, eficientes y equitativas.
