Este fin de semana se está celebrando el día de los patrimonios en Chile. Sábado y domingo muchos edificios emblemáticos, antiguos y nuevos, están abiertos en todas las regiones para ser visitados por los ciudadanos. En estos días vemos en las calles del país bailes, juegos típicos, cantos, comidas y otras prácticas que subrayan la idea de que el patrimonio no es uno, rígido e inmutable, sino que se conforma de múltiples materialidades dinámicas y vivas. Y esta idea nos lleva directo a la discusión, ya demasiado larga, sobre monumentos nacionales.
Actualmente, la modificación a la Ley de Monumentos Nacionales se encuentra en segundo trámite en el Senado y el pasado 20 de mayo se le dio urgencia suma. Entre los principales temas en debate están la rigidez de la categoría monumentos y la necesidad de avanzar al término patrimonio, la descentralización del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) y la creación de Consejos Regionales del Patrimonio, así como la entrega de incentivos o subsidios a propietarios de inmuebles patrimoniales para su cuidado, el que es exigido por ley. Sin embargo, el centro de la discusión es, sin duda, la lentitud del CMN en otorgar permisos para proyectos de infraestructura, minería, vivienda y otros.
Para avanzar en ello, el Proyecto de Ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social considera una reforma en materia de patrimonio cultural y apunta directamente a destrabar y agilizar la llamada “permisología” sectorial que afecta a los proyectos de inversión. El artículo 21 del proyecto introduce una profunda modificación, enfocándose en resolver la paralización indefinida de obras cuando ocurren hallazgos arqueológicos. Su foco principal es establecer límites de tiempo estrictos para que el CMN responda a las solicitudes de autorización o evalúe los hallazgos en las obras. Además, se incorpora el concepto de “silencio positivo” para dar certezas de continuidad a los inversionistas: si es que no existe un pronunciamiento dentro del plazo por parte del CMN, ello se entenderá como una aprobación. También se otorga a las empresas o titulares de los proyectos la posibilidad de presentar la solicitud para los trámites de excavación o prospección directamente, con la asistencia técnica y supervisión de un pronunciamiento, sin tener que recurrir a un arqueólogo o antropólogo registrado como el titular del trámite.
Finalmente, se implementan procedimientos simplificados y diferenciados para intervenciones llamadas menores, para no congelar obras ante hallazgos de baja relevancia histórica. Los sectores más conservacionistas ven con recelo la propuesta del Gobierno, mientras que los gremios de la construcción e inversión están esperanzados en lograr lo que han esperado por años. Mientras tanto la invitación para la ciudadanía es a vivir el patrimonio, un concepto que, vaciado de experiencia y dinamismo, puede transformarse en un freno para nuevas oportunidades y patrimonios futuros.
