La infraestructura pública es decisiva para el crecimiento económico y el desarrollo social del país.
La reciente publicación por parte del Ministerio de Obras Públicas del Plan Nacional de Infraestructura Pública (PNIP) 2025-2055 es una buena noticia para las regiones del país. Su extensa cobertura no implica solo grandes proyectos viales y urbanos, sino que también obras en ciudades pequeñas y orientadas a la conectividad e integración territorial, la habitabilidad en centros poblados, y la seguridad hídrica y energética.
La inversión esperada es ambiciosa: 22 mil proyectos de inversión por más de $366 billones de pesos. ¿Cómo aprovechar este acuerdo transversal, que contó con la participación de gremios, academia, organismos estatales, y un comité experto de 21 personas?
La inversión pública debe ser un atractor para la inversión privada. No puede pensarse aisladamente, sino que como un generador de nuevas oportunidades. El PNIP se verá fortalecido para enfrentar de buena manera sus desafíos, abriendo espacios de colaboración y permitiendo la presencia de actores diversos que aporten dinamismo a los procesos.
Por otra parte, es necesario brindar un marco regulatorio que permita llevar a cabo los proyectos planificados. En la discusión actual, el fantasma de la permisología acompaña cada iniciativa que se pone sobre la mesa, sea pública o privada. Un plan de infraestructura a nivel nacional debe ir de la mano con el mejoramiento sostenido de los procesos de evaluación, lo que significa simplificar protocolos y entregar caminos claros de deliberación para los profesionales que estén involucrados.
Basta con leer los números para entender que el anhelo de desarrollo regional que abre este Plan Nacional es grande, donde uno de los principales desafíos será mantener la transparencia para la asignación de recursos, la gobernanza y las prioridades de inversión, evitando que sectores más ricos y con mayor peso político (y electoral) acaparen los recursos. Hay que tener en cuenta las debilidades que aún tienen los gobiernos regionales pese a su reforma, y lo urgente que es solucionar los nudos ciegos de esta.
El plan define indicadores y un portafolio de inversiones y políticas públicas concretos para monitorear su avance y orientar las decisiones de inversión y gestión. Sin embargo, exige una postura activa permanente para sortear las posturas radicales que pueden obstaculizar la participación privada en las inversiones, superar la burocracia y la dispersión institucional, y resistir las potenciales presiones. Estos son temas claves para el éxito de este plan que es muy necesario para nuestro país.
Actualmente, los déficits en regiones de obras públicas de distinta índole no son menores. El PNIP no es un complemento ni una idea voluntarista, sino que es central para habilitar servicios esenciales y sustentar la actividad económica. Asimismo, en tiempos de cambio climático, se requieren obras que permitan aumentar la resiliencia frente a crisis ambientales.
La infraestructura pública es decisiva para el crecimiento económico y el desarrollo social, por lo que es una prioridad enfrentar los elementos mencionados para entregar realismo a un plan que, de otra forma, quedará como un mero discurso patriótico de septiembre.
