¿Parte de la Nación chilena?
Aldo Mascareño y Juan Rozas
Centro de Estudios Públicos
La propuesta de la Comisión Experta representa un avance sustantivo en relación con los compromisos que, desde el retorno a la democracia, el Estado asumió con los pueblos indígenas. Según la Encuesta CEP 87 de 2022, realizada en la zona entre Biobío y Chiloé a población mapuche y no mapuche, las principales formas de reparación del Estado hacia este pueblo, según los consultados, deberían ser la entrega de tierras y el reconocimiento constitucional. Mientras en el primer punto hay camino avanzado, el último era un compromiso incumplido.
El reconocimiento constitucional es la base para iniciar el largo camino de integración intercultural con los pueblos indígenas. El borrador propone este reconocimiento, así como la promoción de sus derechos individuales, colectivos y de los tratados internacionales al respecto (art. 8). Adicionalmente, elige bien el concepto de interculturalidad para dar cuenta de una relación igualitaria entre culturas basada en prácticas sociales en el marco del Estado chileno, apartándose de las formas más conservadoras de la multiculturalidad y la plurinacionalidad.
También la propuesta habilita la discusión política sobre la participación de los pueblos indígenas en el Congreso Nacional (art. 43). Se abstuvo, en todo caso, de instituir los escaños reservados y dejó este tema a la discusión legislativa futura –la que deberá aprobarse por 4/7, un quorum alto. Además, reconoce la heterogeneidad territorial de Chile (art. 116) y transfiere a la legislación la capacidad de definir mecanismos que promuevan los derechos de pueblos indígenas en esos territorios, especialmente donde tienen “presencia significativa”.
Ante estos positivos elementos, aparecen otros problemáticos. El primero y más fundamental es haber reconocido a los pueblos indígenas “como parte de la Nación chilena” (art. 8). Esta fórmula confunde los conceptos de Estado –una entidad jurídica y política– y nación –una entidad simbólica y cultural– y parece más bien una reacción postraumática a las múltiples autonomías territoriales y sistemas jurídicos de la Convención que fragmentaban jurídicamente el Estado.
Aquella opción ya fue derrotada el 4 de septiembre de 2022. No es necesario perpetuarla ahora en su versión contraria. Por lo demás, el propio concepto de interculturalidad ya deja atrás este problema y lo configura en términos de culturas dentro de un Estado, no dentro de una “Nación” (el uso de las mayúsculas es, además, una especie de grito impositivo del texto). La propia Encuesta CEP 87 muestra que hay una interpenetración de identidades territoriales y sentimientos nacionales, incluso para chilenos que se sienten también indígenas. Este es el valor de la interculturalidad.
Un segundo problema está relacionado con la territorialidad. La propuesta considera territorios especiales a Rapa Nui y Juan Fernández (art. 132), como lo hace la Constitución vigente. Ellos están regidos por estatutos propios con mecanismos de financiamiento basal (art. 134). Con esto, el pueblo Rapa Nui adquiere una posición privilegiada. Para los demás cuenta el art. 116, que apunta a la heterogeneidad territorial y la consideración de las “realidades territoriales” en el diseño e implementación de políticas. En estos territorios –agrega la propuesta– se deben “reconocer y promover los derechos de los pueblos indígenas”, pero puesto que no se les considera “territorios especiales”, no se les asigna financiamiento basal o estatutos especiales. Sería adecuado trabajar esta diferencia lógica de jerarquías para pueblos la propuesta considera interculturalmente iguales, porque en la práctica genera diferencias en su tratamiento.
No es para nadie un misterio que el conflicto indígena, en especial en el mundo mapuche, tiene como base material el territorio. Ocultar esto por efectos del trauma convencional, hará difícil resolver el problema de manera íntegra. El reconocimiento constitucional es un avance histórico, pero debe ir acompañado del soporte material que sostenga en el tiempo las prácticas interculturales en el Estado de Chile por las décadas que vienen.
