En un escenario de escasez como el que estamos viviendo es necesaria una mejor gestión del recurso, mediante políticas que incentiven su uso responsable.
Existe amplio consenso en que la nueva Constitución incluirá la priorización del consumo humano del agua. Lo que está en línea con la resolución de 2010 de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en la que se reconoce que “el derecho humano al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos”, y exhorta a “los Estados a intensificar esfuerzos para proporcionar a toda la población un acceso económico al agua potable”.
Sin embargo, esta priorización del consumo humano debe venir aparejada de un consumo responsable, para que el mismo no se realice en detrimento de los ecosistemas o de otro tipo de usuarios. En 2020, el consumo promedio nacional urbano de agua potable en Chile fue de 162 litros por día por habitante, según el último informe de gestión del sector sanitario. Este estudio revela que el consumo de Chile es mayor al de la mayoría de los países europeos, aproximadamente, un 30% más que Alemania, España o Países Bajos y cerca de un 60% más que Dinamarca o Bélgica. Adicionalmente, en el caso de Chile, existe una gran heterogeneidad en el consumo de diferentes zonas del país. Por ejemplo, en algunas áreas de la Región Metropolitana o de la Región de Valparaíso el consumo promedio puede llegar a ser más del triple que el promedio nacional, superando los 500 litros por día por habitante.
Observando estos números resulta evidente que darle prioridad al consumo humano debe realizarse con políticas que fomenten un uso moderado. En este sentido, un instrumento utilizado por muchos países son las tarifas en bloques. Este tipo de tarifas consiste en un precio más bajo para cierta cantidad de agua que luego de cierto tope aumenta. La cantidad de agua con la tarifa baja se puede fijar de acuerdo con el consumo necesario para cubrir las necesidades básicas. La Organización Mundial de la Salud (OMS), por ejemplo, sitúa esa cifra en 100 litros de agua por persona por día. Al sobrepasar este límite, el consumidor paga una tarifa más alta. En línea con esto, en algunos países también se implementaron tarifas en tres bloques. Es decir, tres tarifas diferentes para distintos niveles de consumo, siendo la del último bloque, el de mayor consumo, muy superior a la de los otros dos. Este tipo de diseño genera incentivos para no sobreutilizar el recurso y para que los consumidores perciban el valor de la escasez, especialmente cuando su nivel de consumo es elevado. En general, la evidencia internacional muestra que la implementación de este tipo de instrumento reduce considerablemente el consumo promedio de agua urbana.
En síntesis, en un escenario de escasez como el que estamos viviendo es necesaria una mejor gestión del recurso, mediante políticas que incentiven su uso responsable. No sería deseable que, en el marco de la nueva Constitución, se priorice un uso irrestricto del agua por parte de consumidores urbanos, ya que esto iría en contra de un progreso sostenible y de la sustentabilidad del recurso en el largo plazo.
