El éxito de la seguridad municipal dependerá de integrar el conocimiento situado de las comunidades en los planes comunales de seguridad.
La aprobación esta semana de la ley de Seguridad Municipal es, sin duda, una buena noticia para todas las comunas de Chile. La descentralización de parte de la acción preventiva contra el delito permite involucrar a los gobiernos locales en la gestión de sus propios factores de riesgo. Junto con otorgarles responsabilidad, esta ley abre la posibilidad de sumar su conocimiento situado a favor de la seguridad.
Si bien los estudios que identifican las variables asociadas a distintos tipos de delitos son fundamentales para orientar las políticas de prevención, cada localidad posee dinámicas particulares.
Este conocimiento situado (que proviene no solo de los funcionarios municipales, sino que también de vecinos, locatarios, trabajadores, estudiantes, entre otros) debe levantarse de forma participativa para nutrir los planes comunales de seguridad. La vinculación de los municipios con sus comunidades es fundamental para aprovechar la oportunidad de contar con información pertinente al momento de planificar y ejecutar sus planes comunales.
La participación ciudadana en la elaboración de los planes comunales de seguridad pública, sin embargo, es un componente ausente en la ley y deberá ser incorporado localmente.
Aunque la normativa fortalece la gobernanza mediante nuevas disposiciones para los consejos comunales e intercomunales de seguridad, deja en manos de cada municipio la tarea de diseñar e implementar procesos participativos que convoquen a otros actores. Una participación inclusiva y significativa puede convertirse en una herramienta eficaz para construir planes que interpreten las necesidades reales de las personas.
La Subsecretaría de Prevención del Delito ha definido indicadores técnicos para orientar el diseño de estrategias, pero esta metodología solo puede desplegarse plenamente si se integran los saberes locales sobre la materialidad de los barrios, las características de sus comunidades y las dinámicas sociales y económicas que allí operan.
Hoy existen organizaciones sociales dedicadas a la prevención del delito que, de alguna manera, recogen el sentir local y la demanda por mayor seguridad. El uso de tecnologías para la vigilancia, aunque regulado en la nueva ley, no está exento de resistencias asociadas a la privacidad. Integrar a las personas a los planes comunales de seguridad por medio de procesos de participación ciudadana facilitaría la adecuada implementación de dispositivos.
Asimismo, la ley prohíbe expresamente la autotutela y el porte de armas por parte de organizaciones sociales; la mejor forma de monitorear sus dinámicas y orientarlas hacia la prevención es integrarlas al proceso de planificación comunal.
Finalmente, la incorporación de los gobiernos regionales como aliados en los planes comunales de seguridad pública también exige un enfoque participativo. Según la ley, no solo podrán aportar financiamiento, sino que también podrán integrar los equipos que elaboren e implementen dichos planes. Esta articulación abre la puerta a acciones intercomunales que potencien medidas más efectivas y de mayor alcance.
