Sylvia Eyzaguirre y Claudia Sanhueza presentaron el capítulo referido a este tema del libro “Aspectos Económicos de la Constitución”, el cual fue comentado por los constituyentes, Jaime Bassa y Constanza Hube.
Con este seminario sobre el capítulo de Derechos Económicos y Sociales (DESC) continuó el ciclo del libro “Aspectos económicos de la Constitución: alternativas y propuestas”, editado por Rodrigo Valdés y Rodrigo Vergara.
En esta actividad expusieron las autoras del capítulo, la investigadora del CEP, Sylvia Eyzaguirre y la directora del Centro de Economía y Políticas Sociales, Claudia Sanhueza, y su trabajo fue comentado por Jaime Bassa, profesor de derecho constitucional de la Universidad de Valparaíso y constituyente por el Frente Amplio y Constanza Hube, profesora de derecho constitucional de la Pontificia Universidad Católica de Chile y constituyente por Vamos Chile. Cabe destacar, además, que este fue el único capítulo del libro en el que las autoras no llegaron acuerdo respecto a las propuestas específicas que debían incluirse en el texto constitucional.
En su presentación, Sylvia Eyzaguirre explicó qué significa un derecho desde el punto de vista jurídico y los argumentos a favor y en contra de que los DESC estén consagrados en la Constitución, señalando que las Naciones Unidas los considera como parte de los derechos humanos. Sin embargo, planteó que “existe un debate, tanto filosófico como político, respecto a si los bienes y servicios sociales son un derecho o no, si éstos deben estar en la Constitución y qué tipo de consagración corresponde”.
Por su parte, Claudia Sanhueza hizo una revisión de las constituciones en el mundo y la forma en que los DESC están consagrados en ellas. Señaló que en dos de cada tres constituciones promulgadas entre el 2000 y el 2016 están presentes y que son más comunes en América Latina. “El derecho a educación está consagrado en el 80% de las constituciones y son judiciables en el 55% de los casos”, proponiendo, además, que exista un preámbulo en la nueva constitución que declare que Chile es un Estado social y democrático de derecho.
En su comentario, Jaime Bassa (actual vicepresidente de la Convención Constituyente) afirmó que los derechos sociales son el centro del modelo de desarrollo económico social y cultural del país y que las constituciones no son solo normas jurídicas, sino también instrumentos políticos, que representan un determinado pacto social para darse las reglas comunes, pero además que además, es una norma política en el sentido de que configura las relaciones de poder de la sociedad. Sostuvo que “tenemos que ser capaces de pensar en un catálogo de derecho fundamentales que sea funcional no solo al equilibrio entre derechos fundamentales sino también al equilibrio de los distintos sectores de la sociedad”.
Por su parte, Constanza Hube considera que dada la escasez de recursos el contenido y la extensión de los derechos sociales, éstos no deberían quedar amarrados en la Constitución. “Lo peor que podríamos hacer es aumentar los catálogos de derechos sociales en circunstancia de que dicho derecho no va a poder ser sostenido por los gobiernos que siguen”, agregando que “la solución para la garantía de dichos derechos no pueden ser los tribunales de justicia puesto que no tienen la responsabilidad. Tiene que ser la política la que se haga cargo de ello”.
